Corte de Apelaciones rechaza desafuero contra Claudio Orrego en caso ProCultura
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero presentada contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego por la Fiscalía de Antofagasta, en el marco de la investigación del caso ProCultura.
La decisión fue adoptada por unanimidad del pleno del tribunal de alzada capitalino, con 24 votos a favor del rechazo. El pronunciamiento fue informado por el presidente de la Corte, Fernando Carreño Ortega, quien comunicó que no se dio lugar a la solicitud presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta.
La audiencia consideró los alegatos del Ministerio Público y de la defensa del gobernador, instancia que había sido reprogramada tras una solicitud de la Fiscalía por su coincidencia con una apelación vinculada a las medidas cautelares de imputados en la causa.
Entre los formalizados en el caso figuran Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quienes quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional, tras descartarse la prisión preventiva previamente resuelta por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Tras el fallo, el fiscal Cristián Aguilar señaló que el contenido de la sentencia será comunicado oportunamente y que, mientras no se conozcan sus fundamentos, no es posible definir los pasos procesales a seguir.
Por su parte, el abogado defensor Ciro Colombara valoró el carácter unánime de la resolución, afirmando que el tribunal concluyó que no existe conducta penalmente reprochable atribuible al gobernador.
La defensa sostuvo además que el proyecto denominado “Quédate” tuvo un proceso de desarrollo prolongado y que se resguardaron los recursos públicos involucrados. Asimismo, recordó que la Gobernación Regional Metropolitana presentó acciones legales contra ProCultura.
Desde la perspectiva de la defensa, el proceso debería avanzar hacia un sobreseimiento definitivo, junto con la tramitación de la querella por apropiación indebida presentada por la Gobernación Regional y el Consejo de Defensa del Estado contra la fundación investigada, además del conflicto con Aseguradora Porvenir S.A. por el pago de pólizas de caución.
