Nueva fase de Ley de Plásticos de un Solo Uso entra en vigencia en medio de cuestionamientos del comercio

La Ley de Plásticos de un Solo Uso (Ley PUSU), orientada a reducir la generación de residuos y proteger el medio ambiente, inició este viernes una nueva fase de implementación, proceso que avanza en medio de inquietudes de diversos sectores comerciales por presuntas ambigüedades en su aplicación.
La normativa regula la entrega de productos plásticos de un solo uso y el uso de botellas plásticas, con el objetivo de disminuir residuos y fomentar alternativas más sustentables.
Entre sus principales disposiciones, la ley establece que artículos de un solo uso como cubiertos, vasos, bombillas o palillos deben ser elaborados con materiales biodegradables certificados.
Para el consumo dentro de los establecimientos, estos productos solo podrán ser entregados si el cliente los solicita expresamente. En el caso de consumo fuera del local, se permite el uso de artículos desechables de plástico no valorizado o certificado.
Otra medida que ha generado debate es la obligación para los supermercados de exhibir al menos un 30% de bebidas en botellas retornables en vitrinas.
Desde el Gobierno, el ministro subrogante del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, afirmó que la ley y su reglamento entregan definiciones claras. Sin embargo, gremios del comercio han manifestado preocupación por la falta de precisión en algunos conceptos.
La Cámara de Comercio de Santiago advirtió que la normativa no define con claridad qué se entiende por vitrina ni otros parámetros relevantes, lo que podría dar lugar a fiscalizaciones arbitrarias y afectar el funcionamiento del comercio.
Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, cuestionó la tardía publicación del reglamento y la existencia de aspectos ambiguos en su redacción, lo que —según indicó— genera incertidumbre entre los actores regulados.
El dirigente también planteó reparos respecto de algunos efectos ambientales de la medida, señalando que el reemplazo por elementos reutilizables puede implicar un mayor consumo de agua y energía.
Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Santiago solicitó a la Contraloría un informe que permita aclarar la interpretación de la normativa y otorgar mayor seguridad jurídica y operativa a los comercios.
Desde distintos sectores se recuerda que la ley, aprobada en 2021, contempla una implementación gradual para facilitar la adaptación de los actores regulados, proceso que aún enfrenta desafíos en su aplicación.




