Ya rige la ley que obliga a empresas a retirar cables en desuso, promulgada por Piñera
Luego de seis años desde su promulgación en 2019, durante el segundo mandato del entonces Presidente Sebastián Piñera, esta semana entró en vigencia la denominada ley “Chao Cables”, normativa que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar el cableado en desuso instalado en la vía pública a lo largo del país.
La implementación comenzó en la Región Metropolitana con un plan piloto en la comuna de Santiago, donde ya se observan avances en sectores comerciales. La medida apunta principalmente a disminuir la contaminación visual y reducir riesgos asociados a la caída de cables en mal estado.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que, gracias a una ordenanza municipal previa, se han retirado 1.680 kilos de cables, material que fue destinado a reciclaje. Tras finalizar las labores en el Barrio Franklin, punto de partida del operativo, las cuadrillas continuarán los trabajos en el Barrio Meiggs.
El jefe comunal señaló que el soterramiento total del cableado representa una aspiración de largo plazo, aunque reconoció que los costos actuales lo hacen inviable. En ese contexto, indicó que, en coordinación con el delegado presidencial Gonzalo Durán y con apoyo de las empresas del rubro, se puso en marcha este plan piloto para avanzar en el retiro del material obsoleto.
Acción simultánea en varias comunas
Desde el Gobierno se detalló que la estrategia contempla una ejecución paralela en distintas comunas. Santiago, Recoleta e Independencia fueron priorizadas por su condición de zonas pioneras en servicios de telecomunicaciones, lo que ha derivado en una mayor acumulación histórica de cableado en desuso.
La autoridad explicó que, junto con el retiro de cables, se ha detectado la necesidad de implementar una fuerza de tarea especial en los denominados Centros Urbanos Estratégicos. Estas intervenciones buscan mejorar integralmente los barrios, especialmente en sectores donde previamente se han desarrollado acciones de seguridad orientadas a la prevención situacional.
Régimen de sanciones
La normativa establece exigencias concretas para las compañías. Aquellas que incumplan los plazos de retiro definidos por la Subsecretaría de Telecomunicaciones arriesgan multas que van desde las 100 hasta las 1.000 UTM, lo que equivale aproximadamente a montos entre 7 y 70 millones de pesos.
Asimismo, la ley faculta a los municipios para efectuar el retiro de los cables cuando las empresas no lo hagan oportunamente, pudiendo posteriormente traspasar los costos de la operación a las firmas responsables.
