Kast abre la puerta a indultos para carabineros y militares condenados tras el estallido social
El presidente José Antonio Kast planteó la posibilidad de otorgar indultos a carabineros y militares condenados por delitos vinculados al estallido social, confirmando que su gobierno se encuentra revisando distintos casos de agentes del Estado que enfrentaron procesos judiciales en ese contexto.
El mandatario abordó el tema luego de ser consultado por los emplazamientos de parlamentarios de su sector que han solicitado aplicar esta medida a uniformados. En ese marco, aseguró que el Ejecutivo analiza cada situación de manera particular antes de adoptar cualquier decisión.
“Estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, señaló el jefe de Estado durante una entrevista televisiva.
Kast añadió que en materias judiciales pueden existir interpretaciones distintas, pero recalcó que las decisiones también pueden revisarse. En esa línea, subrayó que el indulto es una atribución que mantiene el Presidente de la República y que está dispuesto a ejercerla.
“La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, afirmó.
En el mismo contexto, el mandatario sostuvo que el gobierno está evaluando cada caso con el objetivo de avanzar hacia un escenario de mayor entendimiento tras los hechos ocurridos durante el estallido social. Según indicó, el proceso también apunta a recuperar la paz mediante el diálogo.
“Yo entiendo que alguien que haya sido, que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, expresó.
El debate surge luego de que durante la administración de Gabriel Boric se otorgaran indultos a una decena de personas condenadas por delitos asociados a las protestas. En ese proceso, sin embargo, los beneficiados no pertenecían a las fuerzas de orden y seguridad, mientras que la actual revisión se enfoca en uniformados que actuaron bajo mandato estatal.
